El voto de los salvadoreños en el exterior

Foto: Monumento al Hermano Lejano.

Editorial de Mauricio Funes
Programa Sin Censura – Radio Cadena Mi Gente (700 AM)
(Tomado del Diario Co Latino)


Qué pachito estaba el río!
Con esta pintoresca expresión, los salvadoreños nos referimos a aquellos aspectos que a pesar de la sutileza con la que suelen ser abordados acaban provocando una verdadera “roncha” en quiénes se ven afectados por su existencia.

Es del caso que el simple llamado al voto del salvadoreño en el exterior no deja de generar en más de algún mal intencionado ciertas suspicacias sobre el propósito que escondería quién se atreve a hacer semejante defensa de un derecho político elemental.

El derecho al sufragio es un derecho ciudadano al que nadie puede ni debe renunciar, ya sea que viva o no en el territorio nacional.

Nuestra Constitución de la República reconoce los derechos políticos sin más limitaciones que las que se derivan de los abusos que se podrían cometer en nombre de ellos.

Para el caso, nadie en su sano juicio puede reivindicar el derecho a la libre expresión del pensamiento si esta libertad es utilizada para dañar imágenes o reputaciones.

Así lo acostumbra a hacer el senil editorialista de El Diario de Hoy, quién no tiene escrúpulos para afectar la reputación o el buen nombre de una persona si de esta forma logra satisfacer sus mezquinos intereses.

Su visión de la realidad es tan corta que es capaz de torcerla con tal de ajustarla a paradigmas ya superados.

Con obstinación, el caballero, por ejemplo, continúa atribuyendo al mandato del ex presidente Duarte, después de casi 20 años de que su gobierno finalizó, la responsabilidad de cuánto mal descifra en el horizonte.

Su paranoia editorial no le permite ver más allá de la sociedad autoritaria y excluyente que en el fondo anhela para nuestro país.

Lo mismo ocurre con ciertos sectores políticos locales cuando se reivindica un derecho político fundamental como el derecho al ejercicio del sufragio por parte de los salvadoreños que viven en el exterior.

Para incomodidad de estos sectores, este derecho no puede ser visto como una concesión de nuestra incipiente democracia.

No es posible que quiénes contribuyen con más del 17 por ciento del PIB a través del envío de sus contribuciones en dólares tengan vedada la posibilidad de definir el rumbo político del país eligiendo a sus autoridades.

Según datos del Banco Central de Reserva, las remesas familiares que anualmente envían nuestros compatriotas están por superar el Presupuesto General de la Nación.

Estas remesas representan, además, el 133 % de nuestras exportaciones totales, financian la mitad de las importaciones, sobrepasan seis veces el volumen de toda la inversión extranjera directa que recibe el país, y cubren el 140 por ciento de la tributación. Cada año, una tercera parte de la población, sobre todo, la más pobre del país, se ve beneficiada con estos envíos.

Con qué descaro, entonces, podemos negar el derecho al voto a quiénes contribuyen a estabilizar la economía nacional y reducir los niveles de pobreza.

El ejercicio de la ciudadanía no debe estar demarcada por criterios territoriales.

Salvadoreños somos tanto los que vivimos en el territorio nacional como fuera de él, y con mucha más razón quiénes contribuyen a la generación de la riqueza nacional y completan el ingreso de sus familias.

El gobierno y ARENA olvidan que el ejercicio de la ciudadanía exige el cumplimiento por parte del Estado de los derechos civiles y políticos que consagra la Constitución, y de éstos el ejercicio del sufragio constituye una piedra angular de la construcción democrática.

En visita reciente a Los Ángeles, segunda ciudad en importancia después de San Salvador por la cantidad de salvadoreños que viven en ella, expresé mi deseo porque la comunidad de compatriotas que desde hace varias décadas han hecho de Estados Unidos su segunda patria, puedan votar en las próximas elecciones generales, sobre todo, en la consulta para escoger Presidente y Vicepresidente de la República.

Se trata no de un mero deseo voluntarista que no tiene fundamento en la realidad.

Se trata de un genuino reconocimiento al esfuerzo y sacrificio de una comunidad que ha debido salvar dificultades para abrirse paso en una sociedad que también presenta signos de hostilidad. Se trata, sobre todo, de devolverle la dignidad a un pueblo que se ha visto obligado a migrar en busca de mejores oportunidades, pero que por este hecho no puede renunciar a su derecho a decidir el destino de los salvadoreños y a construir un mejor futuro para todos.

El malestar evidente que tal demanda provoca en sectores de la derecha criolla no sólo revela su provincianismo y miopía política al oponerse a una práctica común en muchas de las democracias más desarrolladas del mundo, pone al descubierto también el temor que en estos sectores genera el apoyo que la diáspora salvadoreña, expulsada y maltrata por las políticas públicas, puede expresar a través del respaldo electoral a un proyecto político diferente al que los obligó a dejar el país.

Ha llegado el momento en que debemos hacerle pagar el costo de esta necedad a quiénes en forma antidemocrática continúan oponiéndose a la construcción de una sociedad diferente que deje atrás el uso arbitrario del poder del Estado para beneficio de unos cuantos